En el documento se desarrolla el alcance de las obligaciones de los Estados frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas causadas por agentes estatales o particulares, entre ellas las violencias sexuales, y afirma que los Estados partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación a las víctimas.  

Fecha: 26 de julio de 2017