El protocolo ha sido elaborado con la participación de entidades y profesionales de distintos ámbitos y propone un abordaje integral para la erradicación del matrimonio forzado estructurado en cuatro fases: prevención, detección, atención y recuperación, que incluye recursos de acogida, medidas cautelares, apoyo psicológico, gestiones administrativas y acceso a recursos sociales, laborales y de vivienda para las víctimas y sus familias.